Contexto legal
Esta política se adhiere a los marcos legales pertinentes para garantizar que Iguality opera en total cumplimiento con las leyes españolas y catalanas con respecto a los conflictos de intereses y la compensación de los miembros del consejo.
- Ley de Asociaciones (Ley 1/2002): Según la Ley 1/2002, que regula las asociaciones sin ánimo de lucro, los miembros de la junta directiva de estas organizaciones tienen prohibido recibir remuneración, salvo que se especifique en los estatutos de la organización. Esto garantiza que los miembros de la junta directiva actúen por compromiso con la misión de la organización, no por lucro.ICNL).
- Ley de Fundaciones 50/2002 (para Fundaciones): Aunque no es directamente aplicable a todas las organizaciones sin fines de lucro, esta ley exige que al menos el 70% de los ingresos de una fundación se destine a su fin benéfico declarado. Esto refuerza la expectativa de que los miembros de la junta directiva deben actuar en el mejor interés de la organización, con normas estrictas para evitar el desvío de fondos para beneficio personal.FÁBRICA DE VISIÓN).
- Ley Catalana de Entidades sin Ánimo de Lucro: La legislación catalana también exige transparencia en el funcionamiento de las organizaciones sin ánimo de lucro, exigiendo que los conflictos de intereses se divulguen y gestionen adecuadamente. Las organizaciones sin ánimo de lucro deben garantizar la transparencia de sus procesos de toma de decisiones y que cualquier conflicto se aborde para evitar acciones que puedan socavar la integridad de la organización.ICNL).
Iguality cumple con estos requisitos legales, garantizando que los miembros del consejo no reciban remuneración por sus funciones como directores, a menos que así se establezca explícitamente en los estatutos de la organización. En los casos en que los miembros del consejo también sean empleados de la organización en otro cargo, sus funciones como miembros del consejo y empleados se mantienen completamente separadas para evitar posibles conflictos de intereses. Esta política se alinea con el marco legal de España y Cataluña para mantener los más altos estándares de gobernanza y rendición de cuentas.